Crowfunding beneficios y regulación jurídica.

Crowfunding, beneficios y regulación jurídica.

Dra. Ma. De Los Angeles Mendoza González

El crowfunding consiste en obtener financiación colectiva para que un emprendedor lleve a cabo un proyecto personal, empresarial o social. Este método viene funcionando desde hace algunos años en diversos países y representa una gran oportunidad para obtener recursos de una manera novedosa y no únicamente a través de préstamos o ayudas de familiares.

Los proyectos a financiar pueden ser muy variados: desde proyectos artísticos, creación de empresas, proyectos sociales, entre otros.

El origen del crowfunding se encuentra en las donaciones. La primera acción documentada con este sistema se atribuye al grupo de rock británico Marillon, realizada en 1997 cuando solicito apoyo para financiar su gira por EEUU.

Los pasos principales para llevar a cabo el proceso son:

• El emprendedor envía su proyecto, o su idea de empresa a una plataforma de crowdfunding, que suele ser online a fin de que sea valorado su proyecto, con las especificaciones que le requieran.

• Valoración del proyecto: la comunidad o la propia plataforma valora el interés del proyecto.

• Se publica en la plataforma el proyecto por un tiempo determinado mediante el que la gente puede invertir y se promociona para conseguir la financiación del proyecto.

• Cierre del proyecto. Cuando finaliza el plazo establecido, se cierra el proyecto y se comprueba cuánto se ha conseguido.

Ahora bien, las empresas intermediarias a través de las que se ofertan y obtienen los recursos generalmente cobran una comisión del 5 al 10% si el proyecto tiene éxito.

Seguridad y aspectos legales para los inversionistas

Aunque es claro que los inversionistas al fondear estos proyectos corren riesgos de tener pérdidas, puesto que algunos no tendrán el éxito necesario para que puedan obtener alguna ganancia. Existe además una falta de normas que regulen este tipo de operaciones, en caso de fraudes los defraudados sólo pueden actuar por la vía legal para tratar de recuperar su dinero.

Además, al tratarse de inversionistas y no de ahorradores, las personas que depositan su dinero en las plataformas de crowdfunding no cuentan con un seguro de depósito, como en el caso de otras instituciones financieras que sí están reguladas.

Sin embargo, a fin de dar mayor certeza jurídica  a los inversores y con el objeto de incentivar a los emprendedores, la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), la Secretaría de Hacienda (SHCP) y el Banco de México desde el año pasado presentaron un anteproyecto de ley para regular al ecosistema fintech, del cual el crowfunding forma parte. Este documento denominado Ley de Tecnología Financiera considera  como Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) las empresas de:

- Financiamiento colectivo (crowdfunding) enfocadas en deuda, capital, copropiedad o regalías, que acercan financiamiento a los segmentos desatendidos por la banca tradicional.

- Pago electrónico, que realizan servicios de emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico (e-money).

Establece que las ITF deberán ser autorizadas por la CNBV, deberán constituirse como Sociedades Anónimas o de Responsabilidad Limitada y tener domicilio en México. También deberán contar con una estructura de gobierno corporativo, sistemas operativos, contables, de seguridad, así como oficinas y manuales de operación y tener un capital mínimo necesario para llevar a cabo sus actividades.

Asimismo, la ley prohibirá a las empresas de crowdfunding asegurar el éxito, retornos o rendimientos a los clientes sobre su inversión realizada, que los fundadores, accionistas, conyugues o empleados de las plataformas soliciten financiamiento a través de las mismas y que los inversionistas sean bancos, Sofipos, Sofom o Sociedades Cooperativas de Ahorro o Préstamo.

Para ser aprobadas como ITF por parte de la CNBV deberán contar primero con la autorización previa del Banco de México, e informar a los clientes sobre los riesgos de fraude, y la imposibilidad de revertir las operaciones una vez hechas.

El gobierno no se hará responsable de garantizar los recursos a los usuarios en caso de fraude, por lo que los negocios estarán obligados a comunicar esto en su página de internet, publicidad y contratos que celebren con ellos.

La CNBV podrá revocar el permiso para operar a las fintech que, entre otros lineamientos, no logren mantener el capital mínimoque les haya sido exigido y podrá establecer multas de 1 hasta 730,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) (valor de una UMA $75.49). Así como una pena de prisión de tres a 15 años y una multa de hasta tres millones de UMAS a quienes operen sin autorización, desvíen recursos de los clientes, compartan información confidencial o suspendan el servicio sin notificar a los usuarios.

La ley está prevista de aprobarse en el último trimestre de este año. Por lo que se considera que las empresas fondeadoras tendrán mayor transparencia, lo que puede impulsar la captación de inversionistas.

Los beneficios del crowfunding además de representar una oportunidad para que el emprendedor pueda financiar y llevar a cabo su proyecto, radican en la facilidad para invertir, los montos mínimos que se requieren para hacerlo y la posibilidad de que el proyecto tenga éxito y por lo tanto en un mediano plazo se pueda obtener una ganancia mayor al que ofrecen las demás sociedades de inversión y ahorro.

Por otra parte, es conveniente analizar el riesgo que puede representar el proyecto y no arriesgarse demasiado en cuanto a la cantidad que se pueda invertir para no verse en problemas en caso de que el proyecto fracase.

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